De las tasas judiciales o de cómo privatizar la justicia

La Constitución, en su artículo 24, reconoce como DERECHO FUNDAMENTAL el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, es decir, el derecho de acudir a los tribunales para hacer valer nuestros derechos.

Sin embargo, vulnerando la Constitución, el Gobierno actual, siendo Ministro de “Justicia” en dicho momento el Sr. Gallardón, gracias a su mayoría absoluta, aprobó la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de implantación de las tasas judiciales.  Como consecuencia de dicha norma, excepto en la jurisdicción penal, toda persona física que decida hacer valer sus intereses ante los Juzgados debe pagar una TASA, con una cuantía fija, y otra variable en función de la importancia económica del procedimiento.

La supuesta finalidad de esta ley, según afirmaban sus defensores, era agilizar el funcionamiento de los tribunales españoles, comprometiéndose además el Ministro a destinar lo recaudado con esta nueva medida a mejorar la asistencia jurídica gratuita (los abogados inscritos al Turno de Oficio, encargados de defender a las personas que carecen de recursos cobran tarde y mal, pero eso es otro tema).

Pues bien, después de transcurridos dos años desde que entrara en vigor la ley de tasas, sigue existiendo en España el atasco judicial, y por otro lado, se desconoce dónde se ha invertido el dinero recaudado, pues no se ha destinado a la Justicia gratuita.

Aún en el caso de que las tasas tuvieran el milagroso efecto de descongestionar los tribunales españoles, debemos preguntarnos si el fin justifica los medios, pues las tasas suponen que el número de procedimientos se reduce, pero a costa de dejar fuera a las personas con menos recursos, dando lugar así a una grave discriminación en función de la capacidad económica: si no puedes pagar la tasa, no puedes acceder a la Justicia, que deja de ser un derecho fundamental para convertirse en un privilegio, una especie de servicio privado, donde sólo los pudientes pueden ejercitar sus derechos e intereses. Es como si en la época de gripe, dado que los hospitales están congestionados, se decide dejar fuera a los enfermos que no pueden permitirse pagar una determinada cantidad.

Sin olvidar que las Administraciones Públicas están exentas de pagar tasa, lo que crea una importante desigualdad entre Administración y ciudadano, cuando se quiere litigar contra la primera, lo que supone, en muchas ocasiones, un abuso.

Dado que se aproximan las elecciones, pues no existe otra explicación a por qué el Gobierno ha desatendido las fundadas solicitudes de derogación de la ley de 2012 que han sido planteadas por numerosos ciudadanos y por todos los profesionales de la Justicia, incluso con anterioridad a su entrada en vigor, por Decreto-Ley se decide excluir a las personas físicas de la obligación de pagar tasas.

Se trata de una muy buena noticia. Ahora bien, es necesario señalar que los que afirman que gracias a esta corrección se vuelve a la situación anterior a la Ley 10/2012, no dicen la verdad: antes estaban exentos no sólo los particulares, sino también las pymes y algunas entidades sin ánimo de lucro. Con el Decreto se excluye a los primeros, pero no a pymes, ni a fundaciones o asociaciones, las cuales, si quieren acceder a la Justicia, deben seguir pagando.

¿La Justicia, sólo para algunos, es Justicia? ¿O la Justicia es aquella a la que pueden acceder todos?